martes, 3 de julio de 2007

LA CONCIENCIA COLECTIVA Y EL FUNCIONARIO PÚBLICO.-

En este interesante proceso de cambios para el beneficio colectivo que queremos profundizar, con el vehículo propulsor de la Constitución Bolivariana, hemos de observar que en la misma se han enunciados postulados que proponen el “fin supremo de refundar la Republica para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multi-étnica y pluricultural en un Estado de justicia (…) que consolide los valores de la libertad (…) la paz, la solidaridad, el bien común”( Preámbulo de la CRBV)
Ahora bien sabemos que por el simple hecho de haber enunciado estas intenciones de bien, las mismas no se darán como por arte de magia, esto es simplemente una guía o una declaración de principios de lo que queremos ser y lo que necesitamos para llevar a cabo tamaña empresa. El camino a este fin supremo es largo y culebrero como dirían nuestros hermanos neogranadinos, pero es el camino porque así lo sabemos y lo necesitamos.
Para ello la formula principal para renacer es la educación en forma de conciencia colectiva, dirigida desde el núcleo familiar, el cual en una gran parte es más fisión atómica que núcleo.
Por esta razón es deber del Estado mediante su sistema educativo fortalecer o inducir esta actitud en la futura fuerza productiva del país, auxiliado con la neutralización de los factores tranculturizantes (Fin de concesión RCTV por ejemplo).
Sin embargo en la actualidad debemos construir el país con lo que tenemos, esa masa que debemos transformar en multitud constructiva mediante la implantación de la cultura de la conciencia colectiva. Dentro de esta masa que es medida en las estadísticas como fuerza de trabajo encontramos a los funcionarios públicos, ese bastardo que la quinta debe reconocer y adoptar como hijo de la cuarta.
Según los indicadores globales de fuerza de trabajo reflejados para Abril 2007 en la pagina web del I.N.E la población venezolana es de unos 27.100.000 ciudadanos, de los cuales casi 19.000.000 tienen más de 15 años y de esos 19 millones, unos 11.000.000 están ocupados, lo que significa que casi el 60% de las personas mayores de 15 años están activos laboralmente.
Sería interesante hacer estadísticas que nos digan cuantos de estos 11 millones de ciudadanos que conforman la fuerza de trabajo venezolana, son funcionarios públicos, lo que nos permitiría saber el porcentaje real de fuerza laboral que significan estas personas.
Para un simple calculo veamos que todos tenemos a más de un conocido, familiar, amigo y/o vecino que es maestro, policía, enfermero, Juez, chivo o cualquier cargo cuyo pago provenga del erario publico. Considero pues que como fuerza productiva el número es alto.

Ahora bien, ¿como influye el comportamiento de este porcentaje de funcionarios públicos como fuerza global de trabajo en el futuro del país? Si sabemos que el más superficial análisis a la mente de estos personajes nos diría que es un sujeto, cuya formación familiar, académica y laboral le ha permitido pensar solo en su bienestar, apertrecharse de los beneficios materiales que le genera su poca exigente carga laboral de flácidos horarios y de genuflexas directrices.
Hace mucho tiempo el sistema de desempeño del Estado fue previamente diseñado de forma magistral para obtener este resultado que justificara la privatización de todo lo que no fuese eficiente, lamentablemente para los artífices de esta estrategia les llegó el comandante y mando a parar; pero solo mando a parar a la estrategia y no al resultado de esta; es decir esa turba de ignorantes y egoístas denominados empleados públicos.
Considero que es tema de estado o de constituyente o tema de conversatorio de la explosión del poder comunal, el adaptar el aparato publico a la necesidad del nuevo estado, por cuanto si se pueden tener instituciones eficaces y amigables realmente avocadas a sus usuarios, pero debe el pueblo y no Chávez decidir el destino y la funcion de las instituciones publicas y sus tuetanos putrefactos, sin embargo para ayudar a que el verdadero pueblo aprenda a resolver sus asuntos deberían los Consejos Comunales, tener voz y voto en la selección de los funcionarios públicos, sea la verdadera contraloría social quienes decidan quien entra y quien sale y no una acartonada y geriatrica letra muerta llamada Contraloría General de la Republica quien sea la que decida si un fulano fue inepto o corrupto para ver si se le “sanciona” con un pao-pao o con un año suspendido del cargo con disfrute del sueldo.
La comisión presidencial recién nombrada contra el burocratismo debería implementar el ingreso a las instancias públicas de verdadero pueblo, porque lo que tenemos en la actualidad es lo que conduce a que ningún esfuerzo que haga el Estado se vea como tal porque el actual funcionario publico es un lorito de su ignorancia, de globovision, es decir es una fuerza porcentual considerable que es eficiente únicamente para la contrarrevolución.

HECTOR RIOS 26/06/2007